Cuando las fronteras dejan de ser una línea en el mapa
Artículo de Diego Ojeda Ramos...
Hay imágenes que interpelan más que cualquier discurso. Un niño aferrado a
un flotador frente al espigón de Ceuta. Una madre con el miedo dibujado en el
rostro mientras sostiene a su hija entre los brazos. Un joven agotado tras
caminar cientos de kilómetros con la esperanza de encontrar un lugar donde
empezar de nuevo. Es imposible contemplar esas escenas sin sentir compasión.
Antes que migrantes, son personas. Antes que cifras, son vidas.
Sin embargo, reducir lo que ocurre en Ceuta y, en menor medida, en Melilla
a un simple fenómeno migratorio sería ignorar una parte esencial de la
realidad. Lo que allí sucede no es únicamente un drama humanitario. Es también
una cuestión geopolítica de enorme trascendencia, donde seres humanos
extremadamente vulnerables terminan convertidos en piezas de un tablero
internacional sobre el que ellos no tienen ningún control.
Las fronteras de Ceuta y Melilla son mucho más que una línea entre dos
países. Son la frontera sur de España y, al mismo tiempo, la frontera sur de la
Unión Europea. Lo que ocurre allí afecta a todo el continente. Por eso cada
avalancha, cada relajación de los controles fronterizos o cada episodio de
tensión diplomática tiene una lectura política que va mucho más allá de la
inmigración.
En ese escenario aparece Marruecos como un actor imprescindible. Nadie
puede negar la importancia de mantener una relación estable con un país vecino
con el que compartimos historia, comercio y seguridad. La cooperación es
necesaria y deseable. Pero esa cooperación también debe asentarse sobre el
respeto mutuo y la lealtad institucional.
Resulta difícil comprender que un país que recibe importantes recursos
económicos y apoyo por parte de España y de la Unión Europea para la gestión de
sus fronteras permita, en determinados momentos, que miles de personas sean
utilizadas como instrumento de presión política. Esa es, al menos, la
percepción que dejan algunos episodios vividos durante los últimos años. Cuando
una frontera se abre de manera repentina y miles de personas cruzan
simultáneamente, cuesta creer que todo responda únicamente a la espontaneidad
de la desesperación humana.
En mi opinión, ningún Estado democrático debería aceptar que el sufrimiento
de personas vulnerables pueda convertirse en un mecanismo de negociación
diplomática. Los seres humanos no pueden utilizarse como moneda de cambio.
A ello se suma un elemento que genera una preocupación constante en España:
las reivindicaciones periódicas de soberanía sobre Ceuta, Melilla y Canarias.
Son territorio español y europeo, con ciudadanos españoles que ejercen
plenamente sus derechos democráticos. Cuestionar de manera recurrente esa
realidad dificulta la construcción de una relación de confianza entre dos países
llamados a entenderse.
Desde Canarias, además, existe otra preocupación que merece ser escuchada.
Nuestro archipiélago se encuentra en una posición geográfica estratégica en el
Atlántico y mantiene una relación histórica con la costa africana. Esa cercanía
convierte cualquier movimiento geopolítico en un asunto de enorme importancia
para nuestra economía y para nuestra seguridad.
Muchos canarios perciben con inquietud la presión migratoria que
periódicamente se desplaza hacia la ruta atlántica, una de las más mortíferas
del mundo. También observan cómo Marruecos impulsa el desarrollo de grandes
infraestructuras portuarias y nuevos destinos turísticos que competirán con
Canarias en mercados internacionales. Competir es legítimo. Toda economía
aspira a crecer. Pero esa competencia debería producirse en condiciones de
igualdad y nunca mediante estrategias que generen incertidumbre política o
afecten a la estabilidad regional.
Canarias vive, en gran medida, del turismo. Decenas de miles de familias
dependen directamente de esa actividad. También nuestros puertos representan
una pieza estratégica para el comercio internacional y el abastecimiento del
archipiélago. Cualquier alteración de esos equilibrios tiene consecuencias
sobre el empleo, la inversión y el bienestar de nuestra tierra.
Frente a este escenario, España y la Unión Europea no pueden responder con
dudas. Deben ejercer plenamente su soberanía política, jurídica y económica.
Defender sus fronteras, exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales,
garantizar el respeto a su integridad territorial y no aceptar presiones que
pretendan condicionar sus decisiones soberanas. La cooperación con Marruecos
debe mantenerse, pero siempre desde la reciprocidad, el respeto y la firmeza.
La buena vecindad nunca puede confundirse con la renuncia a los propios
intereses ni con la aceptación de mecanismos de presión.
Pero esa firmeza no debe hacernos perder la humanidad. El Estado de derecho
también se mide por la manera en que trata a quienes llegan a sus fronteras en
busca de protección. España y Europa tienen la obligación de identificar a
quienes huyen de guerras, persecuciones o situaciones extremas de violencia y
ofrecerles la protección internacional que establecen nuestras leyes y los
tratados internacionales. Del mismo modo, quienes no reúnan los requisitos para
permanecer deberán ser retornados a sus países de origen con todas las
garantías jurídicas, el respeto a los derechos humanos y conforme a la
legislación vigente. Una política migratoria seria no puede construirse ni
sobre las fronteras abiertas sin control ni sobre el rechazo indiscriminado.
Debe combinar legalidad, humanidad y responsabilidad.
Nada de ello debe hacernos olvidar lo esencial. Quienes llegan en patera o
arriesgan su vida cruzando una frontera no son enemigos. Son personas que huyen
de guerras, persecuciones, pobreza extrema o de la ausencia absoluta de
oportunidades. Muchos proceden de países del África subsahariana donde la
violencia, el hambre o el cambio climático han convertido la supervivencia en
un desafío cotidiano. Otros necesitan protección internacional porque regresar
supondría poner en riesgo su vida.
Combatir a las mafias que trafican con personas, perseguir la explotación
de mujeres y menores, invertir en desarrollo en los países de origen y exigir a
los Estados vecinos el cumplimiento de los acuerdos internacionales son
objetivos compatibles con la defensa de los derechos humanos.
La peor respuesta sería caer en los extremos. Ni convertir el sufrimiento
humano en un arma electoral, ni ignorar las implicaciones geopolíticas de lo
que sucede. Ni cerrar los ojos ante el dolor de quienes llegan, ni aceptar con
resignación que existan gobiernos que puedan utilizar ese dolor para obtener
ventajas políticas.
Ceuta, Melilla y Canarias nos recuerdan que las fronteras no son únicamente
espacios físicos. Son lugares donde se encuentran la dignidad humana, la
soberanía de los Estados, la cooperación internacional y los intereses
estratégicos. Gobernar esa complejidad exige inteligencia, firmeza y humanidad
a partes iguales.
Porque la verdadera fortaleza de una democracia no consiste únicamente en
proteger sus fronteras. Consiste, sobre todo, en ser capaz de defenderlas sin
renunciar jamás a la dignidad de las personas que llaman a sus puertas.
Diego
Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es
asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad
Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.
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