Canarias no puede mirar hacia
otro lado
Artículo de Diego Ojeda Ramos
Hay territorios que aparecen en los mapas como una extensión de arena, como
una frontera trazada con tinta, como una línea que separa dos países. Y hay
territorios que, aunque el mundo intente reducirlos a una cuestión diplomática,
están hechos de memoria, de nombres, de familias, de muertos, de exilio y de
una esperanza que se niega a desaparecer.
El Sáhara Occidental es uno de ellos.
Y para Canarias el Sáhara no es un territorio lejano. No lo ha sido nunca.
Entre las islas y el desierto existe un océano, sí, pero también una historia
compartida, una proximidad geográfica y una relación humana que forma parte de
nuestra memoria atlántica.
Por eso, desde Canarias, hablar del Sáhara es hablar también de nosotros.
Es hablar de una deuda.
De una deuda española.
De una deuda europea.
Y también de una deuda con un pueblo al que demasiadas veces se le ha
pedido paciencia mientras otros negociaban sobre su territorio, sus recursos y
su futuro.
Una descolonización que nunca terminó
España llegó al Sáhara como potencia colonial y permaneció allí hasta 1976.
Las Naciones Unidas incluyeron el territorio en 1963 en la lista de Territorios
No Autónomos, precisamente a partir de la información transmitida por España
sobre el entonces denominado Sáhara Español.
Aquello implicaba una responsabilidad: España era la potencia
administradora y tenía que conducir el territorio hacia la descolonización
respetando el derecho de su población a decidir libremente su futuro.
Pero España no cumplió esa responsabilidad histórica.
En noviembre de 1975 se firmaron los llamados Acuerdos de Madrid entre
España, Marruecos y Mauritania. España puso fin a su presencia colonial y
transfirió la administración temporal del territorio a una estructura en la que
participaban Marruecos y Mauritania.
Pero había un problema fundamental: el Sáhara no era una propiedad española
que España pudiera entregar a otro Estado.
Era un territorio pendiente de descolonización.
Y la descolonización no podía consistir simplemente en cambiar la bandera
de la potencia administradora por la de otra potencia.
La propia historia jurídica lo había dejado claro.
En octubre de 1975, apenas unas semanas antes de los Acuerdos de Madrid, la
Corte Internacional de Justicia había estudiado las reclamaciones territoriales
de Marruecos y Mauritania. Su conclusión fue inequívoca en lo esencial: no
existía un vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara
Occidental que pudiera alterar la aplicación del principio de autodeterminación.
El pueblo saharaui tenía derecho a decidir.
Y ese derecho quedó suspendido en la historia.
España se marchó. Los saharauis se quedaron.
España abandonó el territorio.
Pero los saharauis no abandonaron su tierra.
Llegaron la ocupación, la guerra, el exilio y la división.
Marruecos pasó a administrar gran parte del territorio y Mauritania ocupó
otra parte. El Frente POLISARIO se enfrentó militarmente a ambos. Mauritania
terminó retirándose en 1979 y Marruecos pasó a controlar la zona que había
abandonado.
Desde entonces, una parte del pueblo saharaui vive bajo administración
marroquí y otra parte permanece en los campamentos de refugiados de Tinduf, en
Argelia.
Décadas.
Una generación.
Dos.
Tres.
Niños que nacieron en el exilio y se hicieron adultos sin conocer su
tierra.
Padres que murieron esperando regresar.
Abuelas que conservan en la memoria nombres de lugares que sus nietos sólo
conocen por fotografías.
Eso también es el Sáhara.
No solamente fosfatos.
No solamente pesca.
No solamente diplomacia.
Personas.
La paradoja de una tierra que tiene dueño económico pero no dueño político
El Sáhara Occidental continúa figurando ante las Naciones Unidas como
Territorio No Autónomo. Es decir, la descolonización no puede darse por
concluida.
Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo.
¿Cómo puede un territorio seguir pendiente de descolonización mientras se
explotan sus recursos naturales?
¿Cómo puede negociarse sobre sus aguas?
¿Cómo puede hablarse de acuerdos comerciales sobre productos procedentes
del territorio?
¿Cómo pueden otros Estados obtener beneficios económicos mientras la
población del territorio sigue sin haber ejercido su derecho a decidir?
La Unión Europea ha tenido que enfrentarse jurídicamente a esta
contradicción.
En 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a examinar los
acuerdos entre la UE y Marruecos relacionados con el Sáhara Occidental y sus
aguas. La sentencia puso en el centro cuestiones esenciales: el derecho de
autodeterminación, el carácter de territorio no autónomo del Sáhara y la
necesidad de contar con el consentimiento del pueblo del territorio para que
determinados acuerdos internacionales puedan afectarlo.
Y aquí Canarias tiene mucho que decir.
Porque nuestras aguas no son un espacio vacío.
El Atlántico que separa Canarias del continente africano es también nuestro
espacio económico, pesquero y estratégico.
Cuando Marruecos pretende extender sus derechos sobre las aguas del Sáhara
Occidental, la cuestión deja de ser exclusivamente saharaui.
También afecta a Canarias.
Canarias no puede mirar al Sáhara desde la distancia
Desde una perspectiva canarista, el Sáhara debería ser una cuestión
fundamental.
Porque Canarias sabe lo que significa vivir en una periferia atlántica.
Sabemos lo que significa que las grandes capitales decidan sobre nosotros
desde lejos.
Sabemos lo que significa que otros hablen de nuestras aguas, de nuestros
recursos y de nuestro futuro como si fueran piezas de un tablero geopolítico.
Por eso precisamente deberíamos comprender mejor al pueblo saharaui.
El canarismo democrático no puede ser indiferente ante la existencia de un
pueblo que reclama poder decidir sobre su propia tierra.
Nuestro nacionalismo no necesita enemigos.
Necesita principios.
Y uno de esos principios debería ser el derecho de los pueblos a decidir
libremente su futuro.
Marruecos y la política del hecho consumado
Marruecos ha construido durante décadas una política basada en el hecho
consumado.
Control territorial.
Infraestructuras.
Población.
Inversiones.
Presencia militar.
Diplomacia.
Y una estrategia internacional destinada a conseguir que aquello que
comenzó siendo una ocupación termine siendo aceptado como una realidad
irreversible.
Pero la realidad sobre el terreno no convierte automáticamente una
ocupación en soberanía.
Ni el paso del tiempo convierte una injusticia en un derecho.
El derecho internacional no funciona así.
Y si funciona así, entonces cualquier ocupación prolongada podría acabar
convirtiéndose en legítima simplemente porque quien ocupa tiene suficiente
paciencia, dinero o aliados.
Eso sería una derrota moral para la comunidad internacional.
Y después llegó la migración
Hay otra dimensión que Canarias conoce demasiado bien.
La migración.
No hay que confundir nunca a las personas migrantes con las políticas de
los Estados.
Quien huye de la pobreza, de la guerra o de la desesperación no es
responsable de la política exterior de su Gobierno.
Pero tampoco podemos ser ingenuos.
La migración puede convertirse en una herramienta de presión geopolítica.
Lo hemos visto en diferentes momentos en las fronteras españolas y
europeas.
Cuando un Estado controla una de las principales puertas de entrada hacia
Europa, la capacidad de abrir o cerrar esa puerta se convierte también en una
herramienta diplomática.
Y Canarias conoce el precio de las fronteras convertidas en instrumentos
políticos.
El Atlántico se ha convertido en una frontera mortal.
No podemos aceptar que las vidas humanas sean utilizadas como moneda de
cambio.
Pero tampoco podemos aceptar que Europa pretenda resolver el fenómeno
migratorio entregando cada vez más recursos y responsabilidades de control
fronterizo a terceros países sin preguntarse qué consecuencias políticas genera
esa dependencia.
Europa necesita cooperación con África.
Pero cooperación no significa subordinación.
Y mucho menos silencio.
Marruecos ha sabido utilizar su posición estratégica.
Es vecino de Europa.
Es socio comercial.
Es actor fundamental en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de
personas.
Es pieza importante en la política migratoria europea.
Es aliado de Estados Unidos.
Ha normalizado sus relaciones con Israel.
Y en diciembre de 2020 Estados Unidos dio un paso extraordinario al
reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, vinculándolo al
proceso de normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.
Israel también reconoció posteriormente la posición marroquí sobre el
territorio. Estados Unidos ha mantenido desde entonces esa política.
Marruecos ha conseguido así algo que hace décadas parecía mucho más
difícil: transformar una reclamación territorial en una cuestión de alianzas
internacionales.
Y mientras tanto, la Unión Europea mantiene con Marruecos una relación
económica, política y migratoria de enorme importancia.
La UE financia programas de cooperación con Marruecos y mantiene
instrumentos específicos de apoyo en materia migratoria, seguridad, movilidad y
desarrollo. La Comisión Europea incluso aprobó para 2025-2027 un plan de acción
migratoria para el vecindario sur que incluye medidas específicas relacionadas
con Marruecos.
La pregunta que debemos hacernos no es si Europa debe relacionarse con
Marruecos.
Por supuesto que debe hacerlo.
La pregunta es otra:
¿A qué precio?
Porque Marruecos no sólo mira hacia el sur
Y aquí aparece una cuestión que en Canarias deberíamos tomar muy en serio.
La reivindicación marroquí no se limita al Sáhara.
Desde hace décadas existen sectores políticos y nacionalistas marroquíes
que reivindican también Ceuta y Melilla.
Y recientemente, en agosto de 2026, el ministro de Justicia marroquí
Abdellatif Ouahbi volvió a defender públicamente que ambas ciudades tienen un
supuesto "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y reclamó
abrir un diálogo sobre su futuro. El Gobierno español respondió rechazando
tajantemente esas pretensiones y reafirmando la soberanía española sobre ambas
ciudades.
Y Canarias tampoco puede ignorar las reivindicaciones marroquíes que
incluyen al archipiélago en determinados discursos sobre el llamado "Gran
Marruecos".
No se trata de sembrar miedo.
Se trata de no ser ingenuos.
Un Estado tiene derecho a defender sus intereses.
Y Canarias, como territorio europeo, atlántico y africano, también tiene
derecho a defender los suyos.
Defender al Sáhara no significa odiar a Marruecos
Esta distinción es fundamental.
Defender el derecho del pueblo saharaui a decidir no significa odiar al
pueblo marroquí.
No significa despreciar la cultura marroquí.
No significa querer una guerra.
No significa negar la importancia de Marruecos como vecino.
Precisamente porque queremos la paz debemos defender una solución justa.
Porque la paz sin justicia no suele ser paz.
Suele ser simplemente una tregua.
Y el Sáhara lleva demasiadas décadas viviendo de treguas.
España tiene una deuda histórica
España debería asumir que su responsabilidad histórica no desapareció el
día que abandonó el Sáhara.
Puede haber terminado su presencia administrativa.
Puede haber cambiado la política exterior.
Puede haber firmado acuerdos.
Puede incluso haber cambiado su posición diplomática.
Pero la historia no se puede borrar mediante un comunicado.
España fue la potencia colonial.
España prometió una descolonización.
España no culminó esa descolonización.
Y España abandonó a un pueblo que había vivido bajo administración
española.
Las Naciones Unidas registraron incluso la comunicación mediante la cual
España anunció el 26 de febrero de 1976 que ponía fin definitivamente a su
presencia en el territorio y consideraba terminada su responsabilidad
internacional respecto de su administración.
Pero una cosa es abandonar un territorio.
Y otra muy diferente es resolver su descolonización.
España debió haber hecho lo que el derecho internacional exigía: haber
culminado el proceso de descolonización;
Haber garantizado que la población saharaui pudiera decidir libremente su
futuro;
Haber impedido que la salida española se transformara en una ocupación;
Haber protegido a la población civil;
Haber transferido la responsabilidad del proceso a las Naciones Unidas;
Y haber acompañado al pueblo saharaui hasta el momento en que pudiera
decidir democráticamente si quería constituirse en Estado independiente,
integrarse en otro marco político o escoger cualquier otra fórmula aceptada
libremente.
No correspondía a España decidir.
Pero tampoco correspondía a España desaparecer.
El derecho a decidir no es una amenaza
Hay quienes presentan la autodeterminación saharaui como una amenaza para
la estabilidad.
Yo pienso exactamente lo contrario.
La verdadera amenaza para la estabilidad es mantener indefinidamente un
conflicto sin resolver.
La verdadera amenaza es educar generaciones enteras en el exilio.
La verdadera amenaza es permitir que la ocupación se normalice.
La verdadera amenaza es convertir los recursos naturales en una recompensa
para quien controla el territorio.
La verdadera amenaza es que las grandes potencias decidan que el derecho
internacional es negociable cuando hay suficientes intereses económicos o
estratégicos.
Por eso defender el derecho a decidir del pueblo saharaui no es una
posición radical.
Es una posición democrática.
Desde Canarias tenemos además una razón añadida.
No queremos un Atlántico convertido en un tablero de confrontación.
No queremos una carrera armamentística.
No queremos conflictos en nuestra vecindad.
No queremos que nuestras aguas sean objeto de decisiones tomadas sin contar
con Canarias.
No queremos que la migración sea utilizada contra nosotros.
No queremos que nuestros recursos marinos se conviertan en moneda de
cambio.
No queremos vivir mirando hacia el sur con miedo.
Queremos mirar hacia África con respeto.
Queremos relaciones de buena vecindad.
Queremos cooperación.
Queremos comercio justo.
Queremos seguridad.
Queremos paz.
Pero la paz no puede construirse sobre el silencio de un pueblo.
El canarismo tiene una palabra que decir
El canarismo democrático nació también de una idea profundamente sencilla:
Canarias tiene derecho a decidir su futuro.
No podemos defender ese principio para nosotros y negárselo a otros.
No podemos decir que queremos una Canarias dueña de su destino mientras
aceptamos que otro pueblo no pueda decidir sobre el suyo.
No podemos pedir respeto para Canarias y mirar hacia otro lado cuando se
vulnera el derecho de los saharauis.
La solidaridad internacionalista no es caridad.
Es coherencia.
Y por eso, desde Canarias, debemos decirlo con claridad:
El Sáhara Occidental no es una mercancía.
Sus aguas no son una mercancía.
Sus fosfatos no son una mercancía.
Sus recursos pesqueros no son una mercancía.
Y su pueblo tampoco es una moneda de cambio diplomática.
El Sáhara tiene derecho a existir.
Tiene derecho a ser escuchado.
Tiene derecho a decidir.
Y mientras ese derecho no sea ejercido libremente por su pueblo, la
descolonización seguirá inconclusa.
Porque los mapas pueden cambiar.
Los gobiernos pueden cambiar.
Los tratados pueden cambiar.
Las alianzas pueden cambiar.
Pero hay algo que no debería cambiar:
el derecho de un pueblo a decidir libremente su propio destino.
Y quizá Canarias, desde esta orilla del Atlántico, debería ser una de las
voces que con más fuerza lo recuerde.
Por solidaridad.
Por justicia.
Por memoria.
Y también por nosotros mismos.
Por el Sáhara.
Por Canarias.
Por el derecho de los pueblos a decidir.
Diego
Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde
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