La esperanza también se cultiva

Hay palabras que parecen demasiado frágiles para sostener el peso del mundo. Esperanza es una de ellas. Se pronuncia con facilidad, pero resulta difícil construirla cuando el horizonte aparece cubierto por la incertidumbre climática, las desigualdades sociales, la dependencia económica o la sensación de que las decisiones importantes siempre se toman lejos de quienes habitan un territorio.

Sin embargo, la esperanza nunca ha sido una emoción ingenua. No consiste en esperar que las cosas cambien por sí solas. La esperanza es un acto de voluntad colectiva. Es la decisión de un pueblo de sembrar hoy aquello que quizá solo recogerán las generaciones que vendrán mañana.

Canarias conoce bien esa forma de esperanza. Un archipiélago situado en medio del Atlántico ha aprendido durante siglos que vivir en unas islas significa convivir con los límites. La tierra es escasa. El agua nunca ha sido abundante. La energía llegó siempre desde fuera. Buena parte de los alimentos cruzaban el océano antes de llegar a nuestras mesas. Esa dependencia ha condicionado nuestro desarrollo económico y también nuestra manera de entender el futuro.

Durante demasiado tiempo se nos hizo creer que la prosperidad consistía únicamente en crecer. Crecer en visitantes, crecer en cemento, crecer en consumo, crecer en cifras. Pero pocas veces se preguntó si también crecíamos en autonomía, en justicia social o en capacidad para afrontar las crisis que inevitablemente llegan. La pandemia, la emergencia climática y la inestabilidad internacional recordaron una verdad que el campo canario nunca había olvidado: un pueblo que no puede producir parte de sus alimentos, garantizar el acceso al agua o fortalecer su autosuficiencia energética es un pueblo extraordinariamente vulnerable.

Desde una mirada nacionalista canaria de izquierdas, la esperanza adquiere un significado profundamente democrático. No se trata de levantar fronteras ni de encerrarse sobre uno mismo, sino de construir la capacidad colectiva para decidir cómo queremos vivir y cómo queremos cuidar el territorio que habitamos. La soberanía no es una consigna vacía. Es la posibilidad real de que las decisiones estratégicas respondan antes a las necesidades de la población canaria que a los intereses de quienes contemplan las islas únicamente como un espacio de negocio o un destino turístico.

Por eso la soberanía alimentaria constituye mucho más que una política agraria. Cada hectárea recuperada para el cultivo, cada joven que decide quedarse en el campo, cada cooperativa que acerca los productos locales a nuestras mesas representan una pequeña victoria frente a la dependencia. Cultivar la tierra es también cultivar libertad. Porque un pueblo que alimenta a su gente fortalece su dignidad.

Algo parecido sucede con el agua. En Canarias, cada galería, cada pozo, cada presa, cada estanque y cada red de riego cuentan una historia de ingenio colectivo. Hoy, frente a un clima cada vez más extremo, esa historia debe escribirse de nuevo. La reutilización de aguas regeneradas, la modernización de los sistemas de distribución y la planificación hidrológica no son únicamente infraestructuras; son compromisos con la vida. Defender la soberanía hídrica significa comprender que el agua no puede reducirse a una mercancía, porque constituye el patrimonio común más valioso de unas islas donde cada gota tiene memoria.

También la energía ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en un desafío democrático. Durante décadas dependimos de combustibles fósiles importados, aceptando que nuestro futuro energético estuviera condicionado por decisiones tomadas a miles de kilómetros del archipiélago. Hoy sabemos que el viento, el sol, la geotermia y la capacidad de almacenar energía renovable ofrecen la oportunidad de avanzar hacia un modelo más limpio, más seguro y más justo. La soberanía energética no consiste únicamente en producir electricidad; consiste en que esa transición beneficie al conjunto de la sociedad y no reproduzca las desigualdades del pasado.

En Gran Canaria, iniciativas como el proyecto Ecoisla han contribuido a situar estas ideas en el centro del debate público. Su principal aportación quizá no resida únicamente en las actuaciones concretas desarrolladas, sino en haber demostrado que es posible pensar la isla como un territorio donde la sostenibilidad, el conocimiento, la innovación y la justicia social pueden caminar de la mano. La transición ecológica deja de ser un discurso cuando se convierte en planificación, inversión pública y compromiso con quienes trabajan la tierra, gestionan el agua o producen energía desde el respeto al territorio.

Pero ninguna estrategia institucional será suficiente si la ciudadanía no hace suya esa transformación. La esperanza nunca nace únicamente de los gobiernos. Brota cuando una persona agricultora recupera una finca abandonada; cuando una comunidad de regantes moderniza sus infraestructuras; cuando una pescadora continúa transmitiendo su oficio; cuando una familia decide consumir productos de proximidad; cuando una joven ingeniera imagina una isla alimentada por energías limpias. La esperanza siempre tiene rostro humano.

Celebrar el Día Mundial de la Esperanza no debería consistir en repetir palabras hermosas. Debería invitarnos a preguntarnos qué futuro queremos construir para Canarias. Si aspiramos a seguir dependiendo de decisiones ajenas o si preferimos fortalecer nuestra capacidad para alimentar a nuestra población, cuidar el agua que sostiene la vida, aprovechar responsablemente nuestros recursos energéticos y proteger el territorio que heredamos.

Porque la esperanza no llega desde fuera. Se cultiva como se cultiva un huerto. Se almacena como el agua que permitirá sobrevivir al próximo verano. Se genera como la energía que iluminará nuestros hogares mañana. Se comparte como el pan hecho con el grano de nuestra tierra o el gofio hecho con millo del país.

Quizá esa sea la mayor enseñanza que Canarias puede ofrecer en este tiempo incierto: que la verdadera esperanza no consiste en esperar un futuro mejor, sino en comenzar a construirlo con nuestras propias manos.

Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.