Los derechos no pueden vivir
de prestado
Hay una forma de medir la democracia que no cabe en los discursos: mirar
cómo vive la gente. Entrar en una casa donde se calcula cuánto quedará después
de pagar el alquiler. Escuchar a una madre que intenta ocultar a sus hijos el
miedo a tener que marcharse. Hablar con una persona joven que trabaja y, aun
así, no puede empezar una vida independiente. Allí, entre recibos,
incertidumbres y sueños aplazados, las palabras libertad, igualdad y justicia tienen que demostrar cuánto
valen.
Las conquistas sociales llevan las huellas de quienes las hicieron
posibles. Las manos de quienes trabajaron, las voces de quienes protestaron, la
perseverancia de quienes se organizaron cuando reclamar un derecho podía costar
el empleo, la libertad o la vida. La protección frente a la enfermedad, las
pensiones, la educación pública y los derechos laborales forman parte de una
herencia colectiva que cada generación recibe con la responsabilidad de
cuidarla y ampliarla.
Por eso preocupa tanto que acabemos hablando de esos derechos como si
fueran concesiones provisionales. Como si la seguridad de una familia pudiera
depender indefinidamente de una negociación de última hora. Como si vivir con
dignidad fuera un permiso que se renueva cuando las cuentas parlamentarias lo
permiten.
La Constitución define al Estado español como un Estado social y
democrático de Derecho. Su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna
y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para
hacerlo efectivo y combatir la especulación. Aunque está situado entre los
principios rectores de la política social y económica, con las condiciones de
exigibilidad que establece el artículo 53.3, expresa un mandato que debe
orientar las leyes y la actuación pública.
La calle reclama que ese compromiso se cumpla. Reclama poder echar raíces,
criar a los hijos, descansar después del trabajo y envejecer sin miedo a perder
el hogar. Una vivienda contiene mucho más que muebles: guarda las rutinas que
sostienen una vida, los vínculos con un barrio, la cercanía de la escuela, la
memoria de quienes hemos querido.
Cuando una familia pierde su casa, esa pérdida alcanza también a su salud,
a su trabajo y a la estabilidad de sus hijos. Quien legisla sobre vivienda
debería tener presentes esas consecuencias cada vez que levanta la mano para
votar.
El rechazo de los dos decretos de vivienda el pasado 2 de octubre, con los
votos contrarios de PP, Vox y Junts, y también de PNV y Coalición Canaria en el
segundo, tiene una responsabilidad política concreta. Se rechazaron medidas que
buscaban proteger frente a los desahucios y dar continuidad a los
alquileres. Se pueden discutir sus
contenidos, señalar insuficiencias y proponer alternativas. Pero quienes
impiden que una protección siga adelante deben responder por la solución que
ofrecen a las personas que quedan expuestas.
La obligación de garantizar los derechos alcanza a todos los representantes
legítimos de la ciudadanía. A quienes se sitúan en la derecha, en la extrema
derecha o en las fuerzas progresistas. El mandato representativo exige atender
al conjunto de la sociedad, incluidas las personas que votaron otras opciones y
aquellas que no votaron.
Esa responsabilidad exige explicar también qué corresponde a cada
administración. Las comunidades autónomas han asumido competencias exclusivas
en materia de vivienda, sin perjuicio de las competencias estatales que inciden
en ella. Los ayuntamientos tienen responsabilidades urbanísticas y de promoción
de vivienda protegida: deben contribuir a facilitar suelo y a hacer posibles
las actuaciones. Al Estado le corresponde establecer el marco común dentro de
sus competencias y colaborar mediante financiación y políticas acordadas con
las comunidades autónomas. La Ley por el Derecho a la Vivienda constituye una
expresión de esa responsabilidad estatal.
Pero el reparto de competencias debe servir para identificar
responsabilidades, no para hacerlas desaparecer. Una familia que necesita una
casa no puede quedar atrapada entre administraciones que se señalan unas a otras.
La cooperación institucional debe producir viviendas, alquileres asequibles y
protección efectiva.
Por eso debemos preguntarnos quién gobierna las comunidades autónomas, qué
fuerzas concentran el poder territorial y qué han hecho con sus competencias en
vivienda. ¿Cuántas viviendas públicas han construido y puesto a disposición de
la ciudadanía? ¿Qué presupuesto han destinado a ampliar el parque de alquiler
social? ¿Qué medidas han aplicado para proteger a quienes no pueden soportar
otra subida? ¿Han utilizado las herramientas disponibles o han preferido
convertir su rechazo en una bandera partidista?
Las derechas que exigen soluciones al Gobierno del Estado deben responder
también por sus decisiones allí donde gobiernan. Y las fuerzas progresistas tienen
que someterse al mismo examen. La responsabilidad se mide por los recursos
empleados, las actuaciones ejecutadas y las vidas que esas políticas consiguen
mejorar.
Asumir una competencia significa asumir el deber de ejercerla. Detrás de
cada promoción que se retrasa, de cada suelo público que permanece sin un
destino social y de cada presupuesto que no se ejecuta hay personas que
continúan esperando. El derecho a la vivienda exige que todas las
administraciones cumplan su parte y que ninguna utilice a las demás como
refugio para su propia inacción.
El miedo a perder una vivienda atraviesa muchas biografías y preferencias
políticas. Ninguna persona debería tener que acreditar una ideología para
recibir protección. Tampoco pierde su derecho a reclamar porque en unas
elecciones haya apoyado a quienes después toman decisiones que la perjudican.
Los derechos pertenecen a las personas; su garantía debe ser universal.
Precisamente por eso, la ciudadanía tiene razones para examinar con
atención a quienes aspiran a representarla. Conviene escuchar sus propuestas y
observar sus votos, sus prioridades y sus decisiones cuando deben elegir entre
proteger una vida cotidiana o dejarla sometida a la fuerza del mercado. La
representación se juzga también por lo que hace cuando termina la campaña.
Creo que las izquierdas deben presentar una voz común ante esta urgencia.
Una voz capaz de reconocer su diversidad y, al mismo tiempo, acordar
compromisos que nadie pueda confundir: proteger a las personas vulnerables, ampliar
la vivienda pública, afrontar los alquileres abusivos y asegurar que trabajar
permita vivir con dignidad.
Esa unidad necesita generosidad, pero también responsabilidad. Las personas
que esperan una respuesta tienen derecho a exigir acuerdos, plazos y
resultados. Las diferencias entre organizaciones no pueden consumir toda la
energía que debería emplearse en resolver sus problemas. Cada desencuentro
prolongado tiene un coste para quienes siguen esperando.
También las fuerzas progresistas deben asumir sus propias insuficiencias.
Llegar siempre al límite, buscando una protección de emergencia, revela la
necesidad de construir garantías más estables. Las familias necesitan seguridad
para organizar su futuro. Esa seguridad requiere leyes, recursos, planificación
y mayorías capaces de sostenerlos.
La movilización ciudadana cumple aquí una función imprescindible. Las
asociaciones vecinales, los sindicatos y los colectivos de inquilinas e
inquilinos dan nombre y voz a problemas que demasiadas veces se viven en
silencio. Organizarse permite descubrir que una angustia aparentemente privada
tiene causas compartidas y exige respuestas públicas.
Y esa fuerza debe llegar también a las instituciones. Votar supone decidir
a quién confiamos la capacidad de actuar en nuestro nombre. Supone dar respaldo
suficiente a quienes se comprometen a proteger los derechos y exigirles después
que cumplan. La participación continúa entre unas elecciones y otras:
preguntando, proponiendo, vigilando y reclamando explicaciones.
Desde Canarias, esta exigencia tiene una profundidad especial. Queremos
poder vivir en nuestra tierra, mantener los vínculos con nuestros barrios y
ofrecer a nuestros hijos e hijas un futuro que no les obligue a marcharse por
no encontrar un hogar. Defender esa posibilidad forma parte de una idea de país
que pone la vida de su gente en el centro.
Las conquistas ganadas a pulso por la ciudadanía merecen algo más que
homenajes. Merecen presupuestos, leyes y decisiones que las hagan perdurar. El
Estado social se sostiene cada vez que una institución evita que una persona
quede abandonada ante una necesidad que no puede resolver sola.
La calle está recordando una obligación. Ahora corresponde a quienes
representan a la ciudadanía escucharla y actuar, desde cada ayuntamiento, cada
gobierno autonómico y las instituciones del Estado. Y corresponde a las
izquierdas construir la fuerza común necesaria para que esa obligación se
convierta en hechos.
Porque dentro de cada casa amenazada hay una vida que merece continuar. Y
una democracia digna de ese nombre debe ser capaz de protegerla.
Diego
Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde
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