Primero la
dignidad
Hay frases
que parecen sencillas, pero esconden una forma de entender el mundo.
"Primero los de aquí" es una de ellas. Se presenta como una solución
de sentido común, pero en demasiadas ocasiones sirve para enfrentar a quienes comparten
las mismas dificultades mientras los verdaderos problemas permanecen intactos.
Como
canarista de izquierdas, nunca he entendido la defensa de nuestra tierra como
un ejercicio de exclusión. Al contrario. Defender Canarias significa garantizar
que quienes vivimos en estas islas podamos desarrollar un proyecto de vida
digno, con empleo, vivienda, educación, sanidad y servicios públicos de
calidad. Pero eso nunca puede hacerse sembrando odio hacia quienes llegan
buscando exactamente lo mismo que buscaron tantos canarios cuando emigraron.
Durante mi
etapa como concejal de Servicios Sociales escuché una y otra vez los mismos
comentarios: "A los que llegan en patera les dan una vivienda".
Siempre respondía con la misma pregunta: ¿Qué vivienda? Si el Gobierno de
Canarias lleva más de dos décadas sin construir ni una sola vivienda pública.
Si miles de familias canarias llevan años esperando una vivienda protegida, ¿de
dónde salen esas casas que, según algunos, se entregan automáticamente a quien
acaba de llegar?
Después
venía otro bulo: "Les dan una paguita". Y volvía a responder con
hechos, no con prejuicios. Para acceder a la mayoría de las prestaciones
económicas existen requisitos legales, administrativos y de residencia que no
desaparecen por el simple hecho de desembarcar en nuestras costas. La realidad
es mucho más compleja que los mensajes simplistas que circulan por las redes
sociales y algunos discursos políticos.
Y ahora
asistimos a otro bulo más. Se hace creer que la regularización de miles de personas
extranjeras que ya viven en España significa regalarles el derecho al voto o
concederles privilegios. Nada más lejos de la realidad. Regularizar su
situación significa permitir que trabajen conforme a la ley, con contratos,
cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos como cualquier otra
persona. Significa que contribuyan a sostener las pensiones, la sanidad, la
educación y el conjunto de los servicios públicos.
Da la
impresión de que a algunos les preocupa más que estas personas tengan derechos
laborales que el hecho de que permanezcan en la economía sumergida. Porque
cuando alguien no tiene autorización para trabajar resulta mucho más fácil
explotarlo: pagarle salarios de miseria, emplearlo para cuidar a nuestros
mayores por cuatro perras, hacerlo trabajar de sol a sol recogiendo la fruta o
desempeñar cualquier otro trabajo sin derechos ni protección. Quienes alimentan
estos bulos deberían explicar si prefieren una sociedad donde las personas
coticen y trabajen legalmente o una donde la explotación laboral siga siendo
posible.
Los bulos
tienen una enorme ventaja: son fáciles de contar. La verdad exige
explicaciones.
Y mientras
discutimos sobre mentiras, dejamos de hablar de los problemas reales: la falta
de vivienda pública, los salarios insuficientes, la precariedad laboral, el
aumento del coste de la vida o la necesidad de una financiación justa para
Canarias.
No son las
personas migrantes quienes han provocado la crisis de la vivienda. No son ellas
quienes han decidido durante años no construir suficientes viviendas públicas.
No son ellas las responsables de que muchas personas jóvenes canarias no puedan
emanciparse o de que tantas familias vivan con angustia a final de mes.
El
adversario no es quien llega con una mochila llena de miedo. El adversario son
las desigualdades que condenan a demasiadas personas a vivir sin oportunidades.
El adversario es quien pretende que, cuando llegue al poder, baje las
pensiones, deje de proteger a quienes están enfermos y no pueden trabajar,
aumente la jornada laboral y elimine derechos conquistados por las personas
trabajadoras. Esos son los verdaderos adversarios de la gente sencilla y
humilde del pueblo.
Canarias
necesita políticas valientes. Necesita más inversión pública, más vivienda
asequible, mejores servicios sociales y una política migratoria basada en la
corresponsabilidad entre Canarias, el Estado y la Unión Europea. Necesita
recursos, planificación y justicia.
Pero
también necesita algo igual de importante: recuperar el valor de la verdad.
Porque una
democracia no puede construirse sobre rumores. Una sociedad no puede avanzar
cuando convierte el bulo en argumento político. Y un pueblo como el canario,
que conoce tan bien la emigración, no debería olvidar nunca que nuestros
abuelos también cruzaron océanos buscando una oportunidad que su tierra no
podía ofrecerles.
No creo en
el "primero los de aquí". Creo en el "primero la dignidad".
Primero los derechos. Primero la verdad. Primero la justicia social.
Porque
defender a Canarias no consiste en buscar culpables entre quienes menos tienen.
Consiste en exigir soluciones para que nadie, haya nacido donde haya nacido,
tenga que vivir sin esperanza.
Ese es el
canarismo en el que creo: un canarismo que protege a su pueblo sin renunciar a
la solidaridad; que combate los bulos con datos; que enfrenta las injusticias,
no a las personas; y que entiende que la mayor fortaleza de esta tierra nunca
ha sido levantar muros, sino tender la mano.
*Diego Fernando Ojeda Ramos, fue
concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del
sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular
de Gran Canaria.
