Cuando las fronteras dejan de ser una línea en el mapa

 

Cuando las fronteras dejan de ser una línea en el mapa

Artículo de Diego Ojeda Ramos...

Hay imágenes que interpelan más que cualquier discurso. Un niño aferrado a un flotador frente al espigón de Ceuta. Una madre con el miedo dibujado en el rostro mientras sostiene a su hija entre los brazos. Un joven agotado tras caminar cientos de kilómetros con la esperanza de encontrar un lugar donde empezar de nuevo. Es imposible contemplar esas escenas sin sentir compasión. Antes que migrantes, son personas. Antes que cifras, son vidas.

 

Sin embargo, reducir lo que ocurre en Ceuta y, en menor medida, en Melilla a un simple fenómeno migratorio sería ignorar una parte esencial de la realidad. Lo que allí sucede no es únicamente un drama humanitario. Es también una cuestión geopolítica de enorme trascendencia, donde seres humanos extremadamente vulnerables terminan convertidos en piezas de un tablero internacional sobre el que ellos no tienen ningún control.

 

Las fronteras de Ceuta y Melilla son mucho más que una línea entre dos países. Son la frontera sur de España y, al mismo tiempo, la frontera sur de la Unión Europea. Lo que ocurre allí afecta a todo el continente. Por eso cada avalancha, cada relajación de los controles fronterizos o cada episodio de tensión diplomática tiene una lectura política que va mucho más allá de la inmigración.

 

En ese escenario aparece Marruecos como un actor imprescindible. Nadie puede negar la importancia de mantener una relación estable con un país vecino con el que compartimos historia, comercio y seguridad. La cooperación es necesaria y deseable. Pero esa cooperación también debe asentarse sobre el respeto mutuo y la lealtad institucional.

 

Resulta difícil comprender que un país que recibe importantes recursos económicos y apoyo por parte de España y de la Unión Europea para la gestión de sus fronteras permita, en determinados momentos, que miles de personas sean utilizadas como instrumento de presión política. Esa es, al menos, la percepción que dejan algunos episodios vividos durante los últimos años. Cuando una frontera se abre de manera repentina y miles de personas cruzan simultáneamente, cuesta creer que todo responda únicamente a la espontaneidad de la desesperación humana.

 

En mi opinión, ningún Estado democrático debería aceptar que el sufrimiento de personas vulnerables pueda convertirse en un mecanismo de negociación diplomática. Los seres humanos no pueden utilizarse como moneda de cambio.

 

A ello se suma un elemento que genera una preocupación constante en España: las reivindicaciones periódicas de soberanía sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Son territorio español y europeo, con ciudadanos españoles que ejercen plenamente sus derechos democráticos. Cuestionar de manera recurrente esa realidad dificulta la construcción de una relación de confianza entre dos países llamados a entenderse.

 

Desde Canarias, además, existe otra preocupación que merece ser escuchada. Nuestro archipiélago se encuentra en una posición geográfica estratégica en el Atlántico y mantiene una relación histórica con la costa africana. Esa cercanía convierte cualquier movimiento geopolítico en un asunto de enorme importancia para nuestra economía y para nuestra seguridad.

 

Muchos canarios perciben con inquietud la presión migratoria que periódicamente se desplaza hacia la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo. También observan cómo Marruecos impulsa el desarrollo de grandes infraestructuras portuarias y nuevos destinos turísticos que competirán con Canarias en mercados internacionales. Competir es legítimo. Toda economía aspira a crecer. Pero esa competencia debería producirse en condiciones de igualdad y nunca mediante estrategias que generen incertidumbre política o afecten a la estabilidad regional.

 

Canarias vive, en gran medida, del turismo. Decenas de miles de familias dependen directamente de esa actividad. También nuestros puertos representan una pieza estratégica para el comercio internacional y el abastecimiento del archipiélago. Cualquier alteración de esos equilibrios tiene consecuencias sobre el empleo, la inversión y el bienestar de nuestra tierra.

 

Frente a este escenario, España y la Unión Europea no pueden responder con dudas. Deben ejercer plenamente su soberanía política, jurídica y económica. Defender sus fronteras, exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales, garantizar el respeto a su integridad territorial y no aceptar presiones que pretendan condicionar sus decisiones soberanas. La cooperación con Marruecos debe mantenerse, pero siempre desde la reciprocidad, el respeto y la firmeza. La buena vecindad nunca puede confundirse con la renuncia a los propios intereses ni con la aceptación de mecanismos de presión.

 

Pero esa firmeza no debe hacernos perder la humanidad. El Estado de derecho también se mide por la manera en que trata a quienes llegan a sus fronteras en busca de protección. España y Europa tienen la obligación de identificar a quienes huyen de guerras, persecuciones o situaciones extremas de violencia y ofrecerles la protección internacional que establecen nuestras leyes y los tratados internacionales. Del mismo modo, quienes no reúnan los requisitos para permanecer deberán ser retornados a sus países de origen con todas las garantías jurídicas, el respeto a los derechos humanos y conforme a la legislación vigente. Una política migratoria seria no puede construirse ni sobre las fronteras abiertas sin control ni sobre el rechazo indiscriminado. Debe combinar legalidad, humanidad y responsabilidad.

 

Nada de ello debe hacernos olvidar lo esencial. Quienes llegan en patera o arriesgan su vida cruzando una frontera no son enemigos. Son personas que huyen de guerras, persecuciones, pobreza extrema o de la ausencia absoluta de oportunidades. Muchos proceden de países del África subsahariana donde la violencia, el hambre o el cambio climático han convertido la supervivencia en un desafío cotidiano. Otros necesitan protección internacional porque regresar supondría poner en riesgo su vida.

 

Combatir a las mafias que trafican con personas, perseguir la explotación de mujeres y menores, invertir en desarrollo en los países de origen y exigir a los Estados vecinos el cumplimiento de los acuerdos internacionales son objetivos compatibles con la defensa de los derechos humanos.

 

La peor respuesta sería caer en los extremos. Ni convertir el sufrimiento humano en un arma electoral, ni ignorar las implicaciones geopolíticas de lo que sucede. Ni cerrar los ojos ante el dolor de quienes llegan, ni aceptar con resignación que existan gobiernos que puedan utilizar ese dolor para obtener ventajas políticas.

 

Ceuta, Melilla y Canarias nos recuerdan que las fronteras no son únicamente espacios físicos. Son lugares donde se encuentran la dignidad humana, la soberanía de los Estados, la cooperación internacional y los intereses estratégicos. Gobernar esa complejidad exige inteligencia, firmeza y humanidad a partes iguales.

 

Porque la verdadera fortaleza de una democracia no consiste únicamente en proteger sus fronteras. Consiste, sobre todo, en ser capaz de defenderlas sin renunciar jamás a la dignidad de las personas que llaman a sus puertas.

Diego Fernando Ojeda Ramos, fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.